El pasado 15 de julio de 2021, el Congreso del Estado de Puebla dio por clausurado su último Periodo Ordinario de Sesiones, que también es el último de la actual Legislatura. Esto significa que las diputadas y los diputados no volverán a reunirse en su totalidad, salvo que exista una convocatoria a sesión extraordinaria.

​En este sentido, el parlamento poblano desahogó una lista de asuntos pendientes, que contempló la Ley Estatal de Salud Mental. Esta norma deriva de una iniciativa que presenté desde enero del año en curso y que parte de una premisa clara: la salud mental es un derecho humano y su garantía es obligación del Estado mexicano.

​Día con día, la protección del bienestar subjetivo se vuelve más relevante para el desarrollo de las ciudades. Como lo ha dejado ver la pandemia por COVID-19, la salud pública ocupa un lugar central para el desarrollo de todos los ámbitos de nuestra vida. 

​Según el Reporte La Juventud Opina sobre Salud Mental durante el COVID-19 realizado por UNICEF, el 27% de las y los jóvenes encuestados reportó sentir ansiedad y 15% depresión en los últimos siete días; 1 de cada 2 siente menos motivación para realizar actividades que normalmente disfruta; 43% de las mujeres encuestadas siente pesimista respecto al futuro frente al 31% de hombres; 40% de quienes han sentido la necesidad de pedir ayuda no lo han hecho, mientras que los que sí lo hicieron fue a través de centros de salud y hospitales especializados (50%), centros de culto (26%) y servicios digitales (23%).

​La salud mental es prioritaria para que cualquier persona pueda desarrollar su proyecto de vida en condiciones de bienestar integral. Por eso, existen esfuerzos internacionales que buscan que la felicidad como concepto normativo pueda traducirse en acciones y políticas gubernamentales: la propia Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 65/309 que establece que “la búsqueda de la felicidad es un objetivo humano fundamental”. Este reconocimiento también derivó en un exhorto a los gobiernos de la comunidad internacional para que “emprendan la elaboración de nuevas medidas que reflejen mejor la importancia de la búsqueda de la felicidad y el bienestar en el desarrollo con miras a que guíen sus políticas públicas”.

​Así, el Estado de Puebla cumple con su deber de tutelar la salud pública, así como promover la felicidad y el bienestar integral de su población, al expedir una legislación en materia de salud mental. Esta normativa establece un enfoque sólido de respeto a los Derechos Humanos; mecanismos de prevención, atención y tratamiento; suministro de medicamentos y la necesidad de contar con plataformas digitales para la atención de la ciudadanía, entre otros aspectos.

​Sin duda, se trata de un gran logro para Puebla, que fortalecerá las medidas emprendidas en materia de salud para contar con una estrategia robusta.